El Covid-19 pasará. Todos lo sabemos. Bien, casi todos, algunos preferirían que se mantuviera en el tiempo para sacar rédito de ello. La pandemia pasará. Tardará más o menos, pero ahí están y estarán las autoridades sanitarias y su personal luchando todos los días para vencerla. Estos sí son uno de los héroes.

Otro tema será cuando haya pasado todo y nos preguntemos: y ahora qué. Pensar en ello es una de las tareas en las que ahora nos deberíamos centrar.

Es esencial que aprendamos una lección muy clara: este virus volverá y sino volverá otro, pero la amenaza vírica estará ahí y su propagación será una consecuencia propia de nuestra globalización. No es pesimismo, es la realidad. La misma realidad que nos permita hacer una foto fija que nos muestre qué nos ha ocurrido, cómo ha repercutido en nuestras relaciones sociales,en las económicas, o que nos evidencie la intolerable forma de hacer política.

Os diré que fui consciente de este gran cambio el pasado día 10 de marzo cuando al terminar una reunión de portavoces del Pacto de Toledo en el Congreso fui invitada a desalojar la cámara, puesto que uno de los diputados había dado positivo. Tomé el primer AVE que pude y llegué a casa. Y hasta hoy confinada, como todos.

 Y qué ha ocurrido desde entonces. Ha ocurrido que el Gobierno de España ha dictado ya 9 Decretos Ley y múltiples órdenes ministeriales, lo cual me lleva a una primera conclusión: El Estado ha sido capaz de desplegar más de 100 medidas destinadas a proteger a la ciudadanía de los embates del Covid-19 con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

Porque no se puede dejar a la gente desprotegida ante una crisis, como nos ocurrió en la grave crisis financiera, y esto el Gobierno progresista lo sabe y, por eso, marca una serie de líneas estratégicas e integrales – a través de todos los sectores y colectivos — capaces de dar respuesta a corto, medio y largo plazo. Es por ello que se ha abierto desde el inicio de la crisis sanitaria un frente de medidas para los trabajadores, las familias, los consumidores y los autónomos, los cuales son colectivos de alta vulnerabilidad. Asimismo, se ha garantizado una línea de ayuda al tejido productivo y a la ocupación, puesto que en ellas se sustenta la base para la recuperación de la actividad económica. Por último, pero no menos importante, el Gobierno ha implementado con determinación una serie de medidas recogidas en el RDL 8/2020, cuya función no es otra que reforzar las ya adoptadas con carácter extraordinario en el ámbito laboral y social. 

 Si aplicáramos una mirada ampliada, enfocada y si se quiere con perspectiva, sólo podemos decir que estamos ante la imagen de un Estado del Bienestar plenamente funcional. Si me permitís, creo que podemos hablar de un sistema heroico que responde bien, mucho más que bien diría yo, ante una situación de excepcionalidad y de alta imprevisibilidad como es una pandemia de estas características. El coronavirus nos traerá consecuencias, muchas negativas desde luego, pero también muchas que serán muy positivas. Mientras tanto, el Gobierno no permanecerá inmóvil, no puede ni debe, por eso ha desplegado una batería de políticas dirigidas a proteger a la población más vulnerable. Y por vulnerables debemos entender todas aquellas situaciones de desprotección que no permiten ninguna capacidad de maniobrar, ni siquiera de reaccionar. 

 Me detengo en este punto porque quiero remarcar algo que sabíamos: nuestro sistema de protección social fue clave durante los años de crisis económico-financiera. Las pensiones han sido, junto con poderes públicos como los ayuntamientos, una tabla de salvación para muchas familias. Y algo especialmente importante: las pensiones, en muchas ocasiones, han servido también para mantener la cohesión social de gran número de pueblos, villas y ciudades de nuestro país. Con sus más de 300 prestaciones, el sistema de protección social ha dado respuesta a situaciones individuales y colectivas a lo largo de más de 40 años. Hoy se vuelve a evidenciar su capacidad de respuesta ante un nuevo riesgo que hace 6 meses no era previsible. 

 Pero el sistema de protección no está solo, junto a él responde nuestro sistema público de salud, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos los funcionarios públicos que desde sus servicios esenciales también responden al virus. No puedo olvidarme tampoco de todas aquellas personas, como trabajadores del transporte, de las limpiadoras, del personal de los supermercados, que todos los días nos facilitan la vida y el normal funcionamiento social. 

 Es chocante que coincidiendo con el despertar de la pandemia, hace apenas dos meses atrás, la directora del FMI dijera y cito: “pido cambiar las pensiones en España para que los jóvenes no asuman todo el coste”. Parece cuanto menos curioso un organismo como el Fondo Monetario, teniendo la experiencia que tenemos con la reciente gestión neoliberal de la salvaje crisis financiera, apelara a los estados de nuevo, entre ellos el nuestro, a tomar medidas en los sistemas de pensiones. Si algo nos ha enseñado esta crisis financiera es que las reformas, cuando son estructurales no se pueden ejecutar con un trazo grueso, sino valorando y sopesando el macro y el micro en un mismo tiempo. Dicho en román paladín, esto es valorar cómo afectarán esos cambios a nivel global, sin perder de vista también cómo afectará al vecino o vecina del pueblo más perdido de la región más remota del país. 

 Y esta la segunda gran conclusión a la que quería llegar: las reformas estructurales se deben acometer desde el máximo consenso político y social posible. Hoy los socialistas evocamos los Pactos de la Moncloa como un punto de inflexión en la forma de hacer política. Como un modelo a seguir que nos permitió relanzar España y verter en su ciudadanía un ejemplo de progreso y de consenso. 

No hay que remontarse tan atrás tampoco, hoy mismo se cumplen 25 años del Pacto de Toledo, un pacto de fuerzas políticas que ha demostrado que el consenso es posible. El Pacto de Toledo ha sido y es uno de los consensos parlamentarios más fuertes en España a lo largo de los 40 años de democracia. Y es evidente que éste requerirá de actualizaciones y voluntades renovadas, también nuevas perspectivas que respondan en términos de transparencia, eficacia y eficiencia. El Pacto de Toledo es y ha sido uno de los elementos troncales para construir nuestro Estado del Bienestar. 

 Así pues, ¿por qué no celebrarlo llamando a dar nuevos pasos hacia un gran acuerdo social, político y económico, sin líneas rojas ni cortafuegos, que le dé a los ciudadanos y ciudadanas la seguridad, la certeza y la garantía de un futuro cierto? 

No podemos desaprovechar la herida del coronavirus, sino es para cerrarla entre todos. La sociedad demanda responsabilidad y la responsabilidad es una respuesta política unitaria.