Está semana hemos debatido en el Congreso la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para implementar un Plan de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las Comunidades Autónomas en situaciones de contingencia. El objetivo es la protección de los menores garantizando los derechos reconocidos en la Constitución Española, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de protección jurídica del menor (LOPJM).

La realidad es que los menores que llegan a determinadas zonas de España, básicamente Canarias y Ceuta, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Canarias está acogiendo a fecha de hoy a 5.600 menores en 76 centros. El Defensor del Pueblo, en la visita al centro de Hoya Fría, en Tenerife, dijo estar conmocionado al ver a 200 niños y adolescentes en un antiguo columbario con una capacidad de 50 en el que tienen que hacer turnos para comer, ver la televisión o para recibir cursos de español. Una situación deplorable que acumula precariedad y pobreza severa.

Las llegadas a las costas son constantes. España tiene la orografía que tiene y la ruta atlántica de personas es una constante. No se puede poner “ni puertas ni fragatas al mar frente a las costas de los países de origen”, como proponía la derecha hace pocas semanas.

Hablamos de niños y niñas y adolescentes que huyen de las guerras, del miedo, del hambre, de la muerte. Que dejan atrás a sus padres, a su familia y su tierra.

Esta Proposición de ley se basa en la solidaridad de todo el territorio español. Dice lo mejor de nosotros como país de acogida que somos. Da respuesta a miles de vidas que están esperando en un muelle con una manta de la Cruz Roja, con frío y dolor por haber dejado a su familia en su tierra debajo de un camión o en una patera.

En España hay registrados 15.045 de ellos, un 94% son chicos.  Y 1185 centros de acogida son los distribuidos por todo el territorio nacional. ¿No es lógico que las comunidades autónomas acojan, con la financiación adecuada, a estos niños y niñas?

Muchos de ellos son adolescentes que justo están empezando a vivir y a desarrollarse como individuos. Que quieren las mismas oportunidades que las que tienen los países del norte.

Recordando a Mario Benedetti: “el sur también existe”. Por eso habrá que recordar a los intolerantes que nosotros hace años éramos un país del “sur” para el resto de Europa. Emigramos en los años de la dictadura y volvimos con oportunidades, con mucho dolor y esfuerzo. Por cierto, no siempre nos sentimos reconocidos como ciudadanos de derecho en el país de destino.

La hipocresía de PP, VOX y Junts ha impedido que esta ley salga adelante. La iniciativa parlamentaria podría haber sido admitida a trámite y debatirla después. Pero no. El Partido Popular de Feijóo, con sus argumentos peregrinos, ni tan siquiera ha permitido su tramitación parlamentaria. Eso pone en evidencia su odio, xenofobia, discriminación e insolidaridad.

Ayer conocí en el centro Cultura Tretze de L’Hospitalet a Omar, procedente de Algeria con estudios de secundaria, que está pendiente de su homologación para continuar formándose. Aboubacar, de Gambia, quien quiere ser electricista. Y Nouman del Pakistán, quien afirmó contundentemente: “yo seré piloto de aeronaves”. La reacción inicial del grupo fue reírse. Después, y tras un breve silencio, la mayoría dijo: “¿y por qué no?”. Eso es. ¿Y por qué no?

Estos niños y jóvenes están en los centros de acogida recibiendo formación a la espera de tener la documentación oportuna para, principalmente, acudir al mercado laboral en busca de trabajo. Sí. Trabajo, afiliados a la seguridad social y, por tanto, cotizantes si nos ponemos en modo crematístico. Daré un dato. El 60% de los jóvenes que han sido menores tutelados está trabajando. De hecho, según datos del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migración los ciudadanos extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la seguridad social y sólo suponen el 1% del gasto.

Como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los menores no acompañados no son un acrónimo. Son personas con derechos y de especial vulnerabilidad que merecen de una respuesta urgente.

La lucha frente a los retos de la globalidad exige respuestas valientes e integradoras. Tenemos dos opciones: o la enfrentamos desde la solidaridad o desde el odio. Los socialistas optamos por la primera solución.