¡Es el Pacto, estúpido!

¡Es el Pacto, estúpido!

 

¡Es la economía, estúpido!, exclamó en 1992 James Carville, asesor del demócrata Bill Clintonen la campaña que le llevó a éste a la Casa Blanca. El miope olfato político del entonces Presidente estadounidense G. Bush padre por no ver que aquella campaña electoral exigía respuestas locales ante a la grave desigualdad que sufría la sociedad americana, tras las políticas de recortes presupuestarios por él impuestas, y nobasarla en alardes en su política exterior como hizo Bush.

En 1995, se llegó en la política española, a uno de los acuerdos básicos para la construcción del que ha sido la columna vertebral del estado del bienestar, el sistema público de pensiones. Me refiero a la creación en el Congreso de los Diputados de la comisión de evaluación y seguimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. En adelante, el Pacto de Toledo. Un acuerdo que ha acabado siendo un referente mundial. El último ejemplo, las relaciones parlamentarias hispano-lusa han incluido en la mesa de relaciones el Pacto de Toledo.

El Pacto de Toledo consiste en la redacción y el seguimiento de las recomendaciones que cada cinco años se elaboran en la Comisión del Pacto y que marcan las directrices a seguir por el gobierno de turno para cada una de las reformas a implementar. Reformas que deben contar con el diálogo social y el consenso en el Pacto de Toledo.

A lo largo de más de 20 años de vigencia, las recomendaciones de allí surgidas han configurado bastante más que “unas páginas” escritas. Han constituido una forma de hacer y de pensar de los distintos diputados, representantes de los grupos parlamentarios, que han pasado por esa comisión. Desde entonces, el respeto al contenido de los acuerdos ha sido absoluto. El trabajo allí desarrollado que ha desembocado en acuerdos, es uno de los valores más preciados de nuestros 40 años de democracia.

Efectivamente, el consenso, el acuerdo se consiguió incluso en plena crisis económica que se formalizó en la reforma posterior del 2011. Ante una situación de dificultad el diálogo social y el pacto de Toledo llevó a una reforma que debía dar la sostenibilidad financiera y social del sistema.

Fue en 2013, sin esperar a ver qué efectos tenía la anterior reforma citada, cuando el Partido Popular impuso en 2013 su reforma de pensiones. Una reforma que avocaba a la pérdida de un 30 a un 40% de pérdida del poder adquisitivo en 20 años, un grave impacto económico de 3% del PIB y la pérdida de más de 754.000 puestos de trabajo(Unespa: “Soluciones para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicia en España. 14 noviembre 2017).

Una insosteniblidad, por tanto, social, económica y también política por cuanto, hoy podemos afirmar que la reforma del 2013, al no contar con la legitimación social del “Pacto” se encuentra derogada de facto por el propio autor, el Partido Popular.

Hoy, con la finalidad de recuperar la sostenibilidad social los Presupuestos Generales del Estado para 2019 cuentan con una subida por encima del IPC con la pretensión de la pérdida de poder adquisitivo desde 2010.

El aprendizaje de todo ello me lleva a afirmar que las reformas estructurales de país se deben hacer por consenso, nunca por imposición ya quecarecerían de la suficiente legitimidad social. El rechazo de los pensionistas, con las actuales manifestaciones, así como las iniciativas aprobadas por los distintos grupos parlamentarios exigiendo la derogación de la reforma del 2013 son el ejemplo de manual de ese rechazo a una reforma no pactada.

Y esa es, precisamente, la virtud, si lo queremos llamar así, del Pacto de Toledo. Por ello, recuperar el consenso basado en el compromiso político de los grupos en preservar los principios de universalidad, solidaridad, unidad, reparto igualdad y suficiencia es lo único que va a garantizar que no vuelvan a haber reformas unilaterales, impuestas, que alteren las normas políticas de las que nos hemos dotado a lo largo de estos más de 20 años.

Y sino, ¿qué gobierno va a alterar la recomendación dos que recuperó el pasado mes de septiembre el Indice de Precios al Consumo a las pensiones como mecanismo de garantía del poder adquisitivo?. Un acuerdo, por cierto, logrado a pesar de haber posturas opuestas del Partido Popular y Ciudadanos, y después de dos años de legislatura, gracias a la reacción en la calle de los pensionistas que puso voz a la multitud de iniciativas parlamentarias que exigían la derogación de la reforma del PP.

Recientemente, desde diversos sectores, también de los económicos, se cuestiona la validez del acuerdo que debe surgir del Pacto de Toledo. Algunos, atrevidos a mi juicio, arguyen que el acuerdo al que se llegue serápapel mojado”. Desde la humildad lo digo. Creo que estos sectores no han entendido todavía que, salvo que haya unanimidad en las recomendaciones, no se va a garantizar una reforma sólida y duradera en pensiones. Una reforma que recupere la genéticadel sistema: la garantía del poder adquisitivo y la sostenibilidad social, económica y política. Una reforma, por tanto, que derogue definitivamente la infame reforma del 2013 del PP. Y es que estos sectores no entienden, o no quieren entender, que, de no llegar a un acuerdo lo más amplio posible,cualquier gobierno de derechas podrá hacer la reforma que le parezca en función de su mayoría parlamentaria. Y lo identifico con la derecha porque fue ella la que dinamitó el dialogo y el pacto en las pensiones en 2013.

Recupero el título. Parafraseando a Carville: ¡Es el Pacto, estúpido!. Despreciar el Pacto como se hizo en 2013, dejarlo caer, como pretenden algunos sería una regresión en toda regla de uno de los instrumentos más validos de los que nos hemos dotado todos, colectiva y democráticamente.  

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