La realidad política va a golpe de titulares desde hace demasiado tiempo. La reflexión y la letra pequeña en los temas parece que, para algunos, haya pasado a tiempos mejores.

El pasado viernes 27 de diciembre el Gobierno, a través de su portavoz, anunció la suspensión de la revalorización de la pensiones hasta la formación de un gobierno en plenas funciones.

La oposición no tardó en sacar su titular al igual que determinados medios. El más gráfico éste: “Sánchez incumple su promesa electoral y congela las pensiones hasta que se forme Gobierno”. Un resumen muy resumido de un decreto ley de 70 páginas.

El RD Ley 18/2019, en su artículo 7 párrafo 1) letra b) suspende la normativa que rige la revalorización de las pensiones. Efectivamente, suspende la reforma del Partido Popular que aprobó unilateralmente en 2013 –ignorando el diálogo social y el acuerdo en el Pacto de Toledo-. Una reforma que abocaba a la pérdida de poder adquisitivo de un 30 a un 40% en 20 años. No podemos olvidar queesa reforma supuso que en 2017 los pensionistas sufrieran una pérdida del poder adquisitivo del 1,75%. Esa es la letra pequeña que algunos se han olvidado de reseñar.

Precisamente eso suspende la norma aprobada el pasado viernes: La reforma del Partido Popular del 2013 y la pseudo-congelación del 0,25%.

Y es que las pensiones no van a perder poder adquisitivo. El compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es inquebrantable. La intención del Gobierno es cumplir con el compromiso adquirido y comunicado al respecto a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España. Blanco sobre negro.

Sorprende, por tanto, la sobreactuación del líder del Partido Popular al criticar la decisión del Gobierno e, incluso, de llegar al Tribunal Constitucional. ¿Sorprende? No. La actitud de la actual derecha española es la de romper consensos, incluso aquellos en los que él fue actor principal, como lo fue la Comisión del Pacto de Toledo en 1995. La derecha, cuando no gobierna, es así de desleal y corrosiva.

Precisamente, los socialistas nos opusimos a aquella reforma de trazo grueso del 2013 que depauperaba el sistema público de pensiones hasta dejarlo en quiebra. Sólo hay que recordar que en diciembre de 2017 el déficit de la Seguridad Social fue histórico. Por éste y por otro motivo no menor: el PP rompió el consenso en pensiones de casi 20 años en el Pacto de Toledo y en el diálogo social.

El posicionamiento de los socialistas ha sido claro y contundente. Y así lo expusimos ya en enero de 2018, cuando presentamos la propuesta de resolver a corto y medio plazo el déficit del sistema, así como garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por cierto, único partido que lo hizo.

Y fue tan claro y contundente que el Gobierno socialista, liderado por Pedro Sánchez, en el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre la plasmó. El citado Decreto Ley incrementó las pensiones –en base al IPC real- en un 1,7% a fin de compensar la desviación de noviembre que habían sufrido las pensiones en 2018, por encima de lo aprobado en la LPGE 2018. Así como incrementaba  en mayor medida para las pensiones mínimas, no contributivas y las del SOVI. Añadía, por otra parte, la previsión de incremento en un 1,6% para 2019 y un 3% para las mínimas.

La decisión del Gobierno socialista del pasado viernes confirma, y actúa en consecuencia con lo que ha defendido tras la nefasta reforma del 2013 del PP, y que Ciudadanos ha hecho propia al mirar hacia otro lado todos estos años, entonces de Albert Rivera y ahora de Inés Arrimadas. Los acuerdos en pensiones, para los socialistas,se remiten al Pacto de Toledo y al Diálogo Social.

Por ello, ante las sobreactuaciones obscenas de la derecha los socialistas no nos podemos mantener indiferentes. Habrá que recordar que, en consecuencia, tanto Partido Popular como Ciudadanos no tardaron ni un minuto en descolgarse del Acuerdo asumido por unanimidad de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones recuperando el IPC.

De aquellos polvos estos lodos. De haberse aprobado por Comisión -que bloquearon PP y Cs- las recomendaciones asumidas entonces con una amplia mayoría por los grupos parlamentarios, hoy no haría falta que planteáramos una cuestión de tanta trascendencia. De ser así, se hubiera llevado a cabo la reforma del artículo 58 de la LGSS o, cuanto menos, el Gobierno se sentiría legitimado para adoptar medidas al respecto incrementando el IPC a las pensiones.

¡Acabáramos! El Partido Popular actúa con un cinismo inadmisible en política. Los titulares son fugaces y la realidad exige reflexión – leyendo la letra pequeña-. La actuación de la derecha es de regate corto y eso no es lo que nos exige la ciudadanía.

Hoy España necesita tanto un Gobierno en plenitud de funciones como unas Cortes Generales que puedan llevar a cabo las reformas necesarias para ser un país de progreso, sólido y capaz de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

En eso estamos los socialistas.