En estos días que tanto se aventan algunos debates estériles sobre el Estado, permitidme que remarque la diferencia entre “grandeza” y “fortaleza”, dos términos muy empleados para la construcción del relato sobre qué es España. Pensaréis que estamos locos, aunque ya veréis qué rápido se nos entiende. Fortaleza y grandeza son dos conceptos que, en política, nada tienen que ver entre sí. La grandeza es ese recurso vacío al que tanto recurre la derecha y, especialmente, la ultraderecha y que asiduamente acompaña a la palabra “España”. Es una expresión que, además, suele ir acompañada de una retórica inflamada que se retrotrae a momentos lejanos, hechos históricos, a veces míticos, o a personajes que no tienen nada que ver con la ciudadanía actual. La grandeza es un componente caduco. Por el contrario, es habitual que los socialistas nos gustemos más de pregonar la “fortaleza” de España, ya que, simplemente, este es un concepto demostrable con hechos, con realidades, que tiene baremos y comparadores internacionales, evidenciables, que nos ayudan a situarnos siempre más allá del discurso, más allá de la palabra. La fortaleza es un hecho cuantificable que no resiste bien la ficción. Si la grandeza ejerce funciones mágicas, la fortaleza encarna cargas ideológicas y pragmáticas.

    Digo todo esto porque la pandemia de Covid-19 nos ha demostrado después de este tiempo de azote que se puede sobrellevar mejor sólo cuando el Estado se muestra sólido y proactivo; es decir, cuando el Estado se muestra fuerte, especialmente, en materia de protección del trabajo y por lo que a la economía se refiere. Ha quedado patente que “lo público” se ha convertido en el motor central de la recuperación social y económica de este país. También es evidente, además, que “lo público” tiene tras de sí una clara connotación ideológica que apuntala la “fortaleza” de un país que, como todos, sigue luchando contra las secuelas socioeconómicas de un virus cuyo alcance no podemos prever aún con exactitud. En este sentido, para el Estado de hoy es fundamental atender a una máxima: nadie puede quedarse atrás. Es justo reconocer que este Estado, este encarrilamiento de la situación, es fruto de un Gobierno de coalición, que capitaneamos decididamente los socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza, que tiene entre sus objetivos una recuperación que, a pesar de ser lenta en algunos casos, no surge para nada de forma espontánea, sino que tiene su semilla en el trabajo incansable porque todo siga adelante y todo el mundo esté incluído en esa recuperación. A ello contribuye, y es de justicia reconocerlo, la labor que están teniendo los agentes sociales (sindicatos y patronal) y el tejido empresarial. Mal que les pese, esta es la fortaleza española, la fortaleza que se traduce en cifras y que es referente para otros países y organizaciones internacionales, a pesar de la furia de la derecha.

    A nadie se le escapa que la situación será dura, será larga, será difícil. Con todo, hagamos ahora el sencillo gesto de remontarnos a 2017 cuando, a pesar de un crecimiento sostenido durante tres años, España se situó en el cuarto puesto de desigualdad social entre su población dentro de los países del conjunto de la eurozona. En aquel entonces, la “fortaleza” del Estado, esto quiere decir sus cifras, nos hablaban de la importancia de tener un Estado sólido que diera cobertura a la ciudadanía, que estaba siendo víctima de una política salvaje y liberal para paliar la crisis económica. Frente a los datos de una economía recuperada con la receta de manual de un liberalismo atroz, la crisis que tenemos hoy por delante sólo se puede asumir como país con unas políticas socialdemócratas como las que estamos aplicando. No podemos permitir que la recuperación económica vuelva a tener unas consecuencias tan claras entre el beneficio y los beneficiarios: como socialistas, no podemos tolerar de nuevo que la recuperación ahonde más la fractura entre los que más tienen y los que menos. Es por todo esto, que las políticas de la ministra Díaz, pero también del ministro Escrivá se formulan como un paraguas en el que tiene que estar todo el mundo, sea cual sea su situación, cobijado.

    No me alargaré mucho más, pero es necesario manifestar que desde el minuto uno la política socialista traducida en una amplia cobertura laboral, especialmente con el plan de los ERTE, pero también gracias a prestaciones a trabajadores, autónomos, o la exoneración de las cotizaciones han sido de gran ayuda, un gran amortiguador, frente a un golpe que se manifiesta en una clara hibernación de la economía. Pero, permitidme, además, que pueda hilar esa idea de “fortaleza” del Estado con algunas cifras: 

    En mayo de 2020, en pleno confinamiento, en España el Estado estaba protegiendo a 6 millones de trabajadores, 1,1 millón de los cuales eran trabajadores autónomos. Gracias a los ERTE, a principios de octubre se estimaba que quedan en situación de ERTE unos 728.000 trabajadores y trabajadoras, cifra que implica que en el conjunto del país un 76 % de los trabajadores en condición temporal de regularización de su empleo, han vuelto ya a su puesto de trabajo. Por cierto, los datos nos demuestran que el trabajo indefinido ha sido el que mejor ha aguantado el golpe, por lo que debemos empezar a trabajar en modelos que terminen con la fragmentación temporal del trabajo, la discontinuidad, y en los modelos de contratación. En definitiva, el COVID-19 sólo nos manifiesta lo que sabíamos: España no puede permitirse tasas tan elevadas de empleo temporal. 

    Concluyo con la idea de que no es lo mismo ser un gran país que un país fuerte. Por eso el empeño del Gobierno en fortalecer, en dar músculo, a los tejidos productivos para, en cierta medida, mitigar el congelamiento de la economía, de forma especial, entre la clase media y trabajadora. Nunca antes se apostó tanto por la recuperación colectiva; creedme que es una recuperación que no entiende de metros de tela para una bandera, ni del espíritu de don Pelayo o del Cid, sino que tiene mucha más relación con los 20.000 millones que el Estado ha invertido en Sanidad; los 8.000 millones en infraestructuras o los 60.000 para la protección del trabajo. Ahora bien, sólo con diálogo, con compromiso colectivo y con el arrojo y la valentía necesaria para entender que es necesario cimentar el país con ayudas constantes y con la creación de nuevas oportunidades. Habrá un antes y un después de las políticas inclusivas del Gobierno de coalición, un antes y un después que dependerá de la capacidad de generar certidumbre que tengamos. Sólo la ciudadanía avanzará, si el Estado se muestra fuerte, sólido y activo. 

Mercè Perea y Hèctor Leal