La vida de las personas no puede medirse en exclusiva por sus ingresos económicos. Cabe atender además a los derechos sociales y políticos, cuya inherente cobertura ciudadana son el mejor medidor de la importancia, valor y eficacia de los mismos. En este sentido, valor y eficacia serán elementos de juicio sobre el ejercicio político, la respuesta parlamentaria y su responsabilidad para con la ciudadanía. Por ello, después de observar las realidades que ha planteado el covid-19, es obvio que la salida de la crisis no puede pasar por la reproducción de viejos modelos, lo que venimos llamando ahora: modelos del pasado.

La creación de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social en el Congreso es, en mi opinión, una buena noticia para esas nuevas formas de hacer política que tenemos que implementar. Si algo ha demostrado la comisión es que sienta las bases y nos señala los senderos que deben construir el futuro del parlamentarismo español. El pacto y la idea de política pactista tiene que llegar para quedarse; no sólo como un deseo propio, ni siquiera del grupo parlamentario socialista, sino como un deseo evidente y palpable entre todas las personas, colectivos e instituciones públicas y privadas que han formado parte de las más de 150 comparecencias a las que hemos podidos asistir diputados y diputadas de todos los colores y signos políticos. Esto último destacable cuando VOX, de facto, ha jugado insistentemente a cuestionar la legitimidad democrática de las instituciones. 

La democracia española es sólida y por tanto está lista para afrontar el cambio económico y social que en diciembre, por referir las palabras de Cristina Gallach, nadie podría haberse imaginado. Al papel solvente y modélico que ha hecho el Gobierno de España para paliar los efectos de esta crisis; debemos sumar ahora el papel parlamentario de todos, porque sólo podemos consolidar esta nueva democracia del siglo XXI (el covid-19 marcará seguro este nuevo horizonte) si se garantizan respuestas políticas con impacto social que estén basadas en la unidad, la rapidez y la fortaleza colectiva. Es básico recuperar la dimensión comunitaria, por ejemplo, fortaleciendo y renovando los derechos de los trabajadores y trabajadoras con un nuevo acuerdo social. 

La Comisión de Reconstrucción Económica y Social nos ha planteado cambios que pueden entenderse como cambios esencialmente estructurales: sociales, políticos y económicos. 

Cambios que pasan, pongo por caso, por la mejora sustancial de los modelos de lealtad federal y la política en escalas: cómo funcionan y cuánto impacto tienen. No podemos renunciar a la Unión Europea como un agente político de primer orden, mientras que, aquí, en nuestra casa, es importante que haya una mayor cooperación–colaboración Estado-CCAA y entre ellas. 

Dentro de estas mejoras políticas es ineludible, sobre todo, que las personas estén en el centro de todo. Hay que blindar el sistema de salud y mejorar y garantizar la salud de las personas para prevenirlas ante situaciones como la recientemente vivida. Y la salud no sólo es pensar en hospitales: tenemos un caso que abordar con urgencia como son las residencias de ancianos y los cuidados geriátricos o los sistemas de curas. 

La pandemia nos hace poner el foco, una vez más, en la importancia de consolidar todas las políticas frente a la violencia de género y a la discriminación por razón de sexo. Sólo con una óptica feminista podremos hacer políticas a la altura de este siglo. 

Asimismo, esta pandemia nos abre una oportunidad de oro para encarar políticas públicas que abran modelos de transición justa y nos conduzcan a modelos económicos y productivos en términos de sostenibilidad y justicia climática. La agenda 2030 y sus retos, no sólo los de corte ambiental, todos ellos, en definitiva son los que marcan un futuro social justo, fuerte y comprometido con el bienestar de la ciudadanía. 

Por todo ello, la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, a punto de finalizar sus primeros trabajos, tiene por delante el reto, no sólo de la recuperación económica inmediata, o la garantía social para la ciudadanía, sino el reto de marcar los ejes estratégicos y las fórmulas del “savoir faire” que ha de marcar el futuro de la vida política que nos debe ayudar a consolidar y destensar nuestra democracia, ya madura y que camina sin recelo hacia, por lo pronto, otros 40 años de fuerza y vitalidad colectiva.